Durante el año transcurrido entre las negociaciones climáticas de la ONU en Copenhague en el 2009 y las negociaciones en Cancún en el 2010, el marco del mecanismo Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) ha pasado de ser un texto entre paréntesis a ser una arquitectura casi establecida que describe el futuro de los bosques. Aunque el texto de Cancún fija la base de REDD+, también deja varias preguntas sin responder y muchas preocupaciones sin atender.

 

El lenguaje de REDD+ ha sido formulado por el Grupo de Trabajo Ad Hoc de Acción Cooperativa a Largo-plazo (LCA, por sus siglas en inglés) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). El texto esboza un acuerdo general a pesar de que este no ha sido  terminado y muchos temas clave están aún sin resolver. Así, los países interesados, las ONGs conservacionistas, las instituciones financieras multilaterales, las industrias madereras, entre otros, se encuentran en la primera línea para desarrollar programas REDD+ fuera del marco de la CMNUCC. Temas cruciales han sido dejados de lado o vagamente abordados, como es el caso de los métodos apropiados para medir, reportar y verificar, el financiamiento de las acciones de mitigación nacionales, las definiciones de bosque, las medidas de salvaguarda, los enfoques por fase y la financiación basada en el mercado. Aunque todo esto suene como procedimientos técnicos, la mayoría son cruciales para determinar como REDD+ es implementado en el terreno y sus impactos sobre el medio ambiente y las comunidades locales.

 

Aunque las “medidas de salvaguardia” ya no estarán incluidas en el texto operativo y han sido movidas al Anexo I del texto del LCA, estas están predispuestas a las palabras “debería” y “deberían ser promovidas y apoyadas”, lo cual deja a los derechos de las Pueblos Indígenas y las comunidades dependientes de los bosques sujetos a la interpretación de los “compradores” de la tierra, incluyendo compañías madereras y plantaciones. Las garantías presentadas en el texto son por lo tanto una fachada inadecuada, no jurídicamente vinculantes y pasan por alto una serie de problemas fundamentales con estos esquemas.

 

Además, el Anexo I “toma nota” que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP, por sus siglas en inglés) ha sido “adoptada” por la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo cual no es lo mismo que la adopción de la UNDRIP dentro del marco de los mecanismos REDD+. Las comunidades Indígenas y dependientes de los bosques tienen pocos títulos formales de propiedad sobre sus tierras y muchos continúan luchando por tener mecanismos legales que reconozcan sus derechos y territorios. En este sentido, REDD+ será difícil de desafiar legalmente por los pueblos dependientes de los bosques y probablemente llevará a la especulación de propiedades, y al despojo de poblaciones locales.

 

El Anexo II del mismo texto llama al Órgano Subsidiario para el Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA, por sus siglas en inglés) a establecer un método para medir, reportar y verificar los índices de deforestación. Hay que añadir que también se le ha dado el mandato al SBSTA de desarrollar una metodología para los Niveles de Emisiones de Referencia (NER), los cuales establecen el nivel contra el que será calculado el rendimiento REDD+ de cada país. Continúa la preocupación sobre los niveles en que los países determinarán compensaciones potenciales basados en sus NERs. Si los niveles se fijan demasiado altos, los países podrían ser recompensados con reducciones de emisiones que no han producido realmente, lo cual reproduciría problemas similares a los observados en las líneas de base del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el esquema más grande de compensación de la ONU.

 

El texto de Cancún también abre el camino a proyectos provisionales “subnacionales” para ser lanzados en el corto plazo y reportados dentro de los sistemas nacionales de monitoreo y reporte. Muchos de los proyectos subnacionales REDD tienen como objetivo los territorios de los Pueblos Indígenas, lo cual podría ser altamente perjudicial y, en algunos casos, una amenaza para su supervivencia cultural. Con esto, fundamentalmente, se resolverán por la vía rápida proyectos que, de otro modo, se verían bloqueados mientras se preparan los mecanismos para la contabilidad forestal nacional. Además, al ser basado en proyectos se abren cuestiones sobre fugas y la futura vinculación con los MDL.

 

El texto incluye ahora una declaración adicional para abordar las causas de la deforestación, la cual: “Estimula a todas las Partes a encontrar maneras efectivas para reducir la presión humana sobre los bosques que resulta en emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo acciones para abordar las principales causas de deforestación”, sin embargo, en ninguna parte del texto se menciona quién o cuáles serían estas causas. El problema se hace realidad en el terreno cuando las comunidades locales y los Pueblos Indígenas son culpados de ser “causantes” mientras que las compañías madereras y de plantaciones son deliberadamente pasadas por alto y beneficiarias de estos esquemas.

 

Estos riesgos se intensifican con la falta de definiciones de bosque, los mismos que REDD+ pretende tratar. Las cinco acciones reconocidas incluyen: reducción de emisiones por la deforestación y la degradación forestal, la conservación y mejora de reservas forestales de carbono y la gestión sostenible de los bosques. Sin embargo, la mayoría de estas cinco acciones siguen sin ser definidas. “La gestión de los bosques” dentro del estándar actual de la CMNUCC incluye plantaciones de árboles y los llamados “bosques gestionados”. Esta inclusión crea serias preocupaciones sobre el poder que se le da a las compañías madereras y de plantaciones de árboles. Ya se han reportado evicciones para talar bosques y cubrirlos con plantaciones de árboles. El texto no hace nada para prevenir este tipo de violaciones a los derechos humanos, de hecho, el LCA lo “fomenta”. Además, la “degradación del bosque” y la “conservación” también son términos sin definir, lo que deja a los bosques naturales y primarios en juego.

 

Muchos otros asuntos quedan pendientes dentro de la arquitectura del texto del LCA relacionado a REDD+. Uno de ellos es la evidente ausencia de un lenguaje que aborde los mecanismos de mercado (el comercio de carbono) como un vehículo financiero para REDD+. Esto probablemente se abordará en Durban en 2011. El diario The Guardian informó, “Como dijo un diplomático de alto rango, 'Como no dice explícitamente “no mercados”, en términos legales todavía está abierto a estos'”. Aún así, en el Párrafo 7 del Acuerdo de Copenhague ya se incluían las “oportunidades de mercado”, y como aparece en la nuevo marco del LCA REDD+, la puerta está ampliamente abierta para que los grandes negocios vendan créditos REDD+, los cuales ya están siendo comercializados con el mercado voluntario.

 

Asimismo, el texto LCA falla en reconocer los vínculos con las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs, por sus siglas en inglés) - “acciones” voluntarias de mitigación de los países en desarrollo. Aún quedan dudas sobre si las acciones en la “vía rápida” y en las etapas iniciales de REDD+  serán incluidas en el recuento de NAMA. El registro de NAMA sólo se tomará en cuenta después de la “vía rápida” del período financiero, lo cual deja más dudas sobre el reporte y la verificación. El texto invita a las Partes y organizaciones observadoras a presentar comentarios hasta el 21 de Febrero de 2011 en el asunto de los NAMAs.

 

Más allá de la cuestión del REDD basado en el mercado, preguntas más fundamentales se mantienen respecto a cómo el dinero será distribuido en el terreno y a quién, cómo las comunidades locales serán impactadas por estos proyectos forestales, quién y cómo serán monitoreados estos proyectos, cómo se confrontará la corrupción, cómo se diferenciarán los bosques biodiversos de las plantaciones de monocultivo, y así sucesivamente. Como afirmó Craig Rucker, del National Journal, “Observa como REDD se convierte en el ejemplo clásico de comportamiento corporativo rentista y la ley de las consecuencias imprevistas por ECON101.”

 

Para los países del Norte aspirando llegar a sus objetivos de reducción de Kyoto, REDD+ es visto como un mecanismo conveniente que facilitará el logro de estos objetivos. Sin embargo, el financiamiento de REDD+ todavía no está claro, particularmente en el largo plazo. Durante las primeras fases, REDD será financiado en un enfoque adhoc a través de varios fondos creados por los países del Norte y a través de los mercados voluntarios de carbono del sector privado.

 

La mayoría de los países del Sur vieron a REDD+ como una oportunidad de financiamiento, aunque algunos países como Tuvalú y Venezuela lo cuestionaron, la mayoría presionaron en favor de REDD+. En Cancún, sólo Bolivia se mantuvo contra REDD+ y por eso fue marginada durante el proceso – acusada de ser obstruccionista por levantar serias preocupaciones. Mientras otros países en desarrollo criticaron REDD+, era evidente que apoyarían este esquema siempre que se mantuviera fuera del mercado de carbono, lo cual puede haber sido una razón por la que la ONU se vio obligada a posponer las decisiones sobre financiación y REDD+ hasta Durban.

 

A pesar de que las compensaciones de REDD+ no se mencionan por nombre en el texto LCA, sin duda está sentando sus bases. Las compensaciones de REDD+ distraen de la responsabilidad de reducir las emisiones de GEI desde su fuente, e inician un camino alejado de la eliminación gradual de los combustibles fósiles en los sectores energéticos e industriales. Esencialmente, REDD+ le permitirá a los gobiernos de los países industrializados y las corporaciones contaminantes a “pagar” por la supuesta preservación de los bosques con el fin de obtener los derechos sobre el carbono y la tierra en esos bosques.

 

REDD+ no va a afrontar al cambio climático sino más bien va a desplazar la responsabilidad de mitigación de los contaminadores y trasladar esta carga a las comunidades locales dependientes de los bosques. Además, las baratas “licencias para contaminar” provenientes de las compensaciones que pagan las corporaciones dependientes de combustibles fósiles van a probablemente dañar a otras comunidades que están sufriendo por la extracción de combustibles fósiles o por la contaminación de la que son responsables estas mismas corporaciones. El texto de REDD+ es primordial para autorizar a los gobiernos del Norte y las corporaciones a  comerciar con los créditos de carbono forestales como un medio para escapar de sus obligaciones de reducción de emisiones a costa de los remanentes bosques mundiales y las Pueblos que los han protegido por generaciones.